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El pueblo es quien sufre


La famosa guerra económica que despierta tanto heroísmo dormido en la mente de ministros y altos funcionarios del Gobierno no tiene, desgraciadamente, ni contendores, ni armas, ni campo de batalla.


Dado que la economía venezolana depende en tan alta medida de la venta internacional del petróleo, todo enemigo que quiera guerrear contra Venezuela debería empezar por allí.
Se trata del talón de Aquiles de la economía venezolana. Pero, ¿se ha sabido de algún comprador tradicional que se haya negado a comprar, en lo que va corrido del presente año, dejando a la empresa productora venezolana como novia de pueblo? ¿O de algún comprador que habiendo comprado, se niegue a pagar? ¿O tal vez Estados Unidos se negó a seguir comprando petróleo venezolano? ¿O alguien intentó que los barcos que transportan petróleo venezolano no pudieran surcar los mares, para impedir que esa mercancía llegara a su destino? ¿O algún tribunal de algún país enemigo embargó los barcos y el petróleo venezolano por ellos transportados? ¿O embargaron las cuentas de la empresa petrolera venezolana en los numerosos bancos del exterior donde tiene sus depósitos? ¿O alguien voló o bombardeó unos cuantos pozos petroleros para paralizar la producción? No pasó nada de ello.
Si hubo guerra económica, el enemigo parece ser bastante bobo, pues no hizo nada de lo que se espera de un enemigo convencional. Si no se produce y se vende más petróleo no es por obra y gracia de ningún enemigo interno o externo, sino únicamente gracias a la incapacidad de la actual gerencia petrolera para aumentar la producción desde hace ya bastantes años a esta parte, a pesar de postular que tienen una de las mayores reservas de petróleo del mundo. En otras palabras, esos generales están peleando solos y van perdiendo.
Veamos que pasó con las importaciones, que tan importantes son para que la gente coma y para que la industria y el comercio funcionen. Es cierto que las compras externas están restringidas y que los importadores no pueden traer las mercancías que traían tradicionalmente.
Pero nadie en su sano juicio piensa que asumen esa actitud por considerarse disciplinados soldados de la causa antichavista. No realizan importaciones por la sencilla razón de que el Gobierno y el BCV no les dan acceso a las divisas.

Tampoco nadie piensa que los proveedores del exterior no quieren venderle nada a Venezuela pues son una banda de complotadores internacionales a los cuales solo les interesa tumbar a Maduro. Lo que no quieren es seguir vendiendo al fiado, pero si hubiera plata constante y sonante venderían cualquier cosa. Además, hoy en día para cualquier mercancía hay decenas de buenos proveedores internacionales, deseosos cada uno de competir y de quitarle los clientes al otro.

Así que el problema no es de los importadores ni de los proveedores internacionales, sino que es del BCV. El que quiera buscar enemigos tenebrosos desarrollando una guerra silenciosa y encubierta, que busque por allí.
No hay afortunadamente guerra económica alguna, por lo menos ninguna en la cual estén comprometidos los agentes que corrientemente se relacionan comercialmente con Venezuela. Si la hubiera, las consecuencias serían trágicas para el país y para todos sus habitantes pues Venezuela es hoy en día extraordinariamente vulnerable en sus relaciones económicas con el exterior.
Desde el punto de vista de sus exportaciones depende como nunca antes en su historia de un solo producto, el petróleo, y sus ventas no están suficientemente diversificadas en cuanto a los mercados hacia donde se canalizan. Por otro lado, la sobrevivencia diaria de los habitantes de Venezuela depende en alta medida de las importaciones de alimentos. Ni la alta dependencia del petróleo, ni la incapacidad para aumentar su producción, ni la carencia de dólares, ni el bajo nivel de las reservas internacionales, ni la incapacidad del agro para producir alimentos son consecuencias de guerra alguna.
El único responsable de todos los sucesos económicos que agobian hoy en día a Venezuela es el propio Gobierno, que pelea solo y se da tiros en el pie. Hablar de guerra económica tiene como objetivo ocultar la culpabilidad del Gobierno en relación a sus propios errores económicos ­es decir, tratar de echarle la culpa a alguien­ y tratar de aglutinar fuerzas, sobre todo militares, al lado del gobierno supuestamente agredido. Pero si, en la realidad de las cosas, alguna guerra económica está en pleno desarrollo, esa no sería otra que la guerra que le han declarado al pueblo aquellos que detentan en Venezuela la totalidad del poder político, económico e institucional.

Pdvsa a la quiebra


Los contratos con las empresas petroleras transnacionales vencían en 1983, pero el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que había nacionalizado el hierro, tenía una fuerte presión de distintos sectores de la sociedad venezolana para que adelantara la nacionalización en 1976, y desde esa fecha sectores radicales abrigaban la idea de que no quedara ningún empleado que hubiera trabajado con las transnacionales, y pasar todos los campos, refinerías y la restante infraestructura a la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP).


Algunos consultados dijeron que Rafael Caldera también tenía intenciones de nacionalizarla, pero sólo alcanzó a nacionalizar el gas. Los que no pudieron presionar para que traspasaran todo el patrimonio a la CVP, optaron por cabildear para que se convirtiera en un Ministerio, como sucede en algunos países productores del Medio Oriente.

Trabajo le costó a Carlos Andrés Pérez, para que no rasparan a los más de 30 mil empleados que trabajaban en las 18 compañías concesionarias por la presión de los estatistas.
En la práctica la industria petrolera no fue nacionalizada sino estatizada. Pero en la mente de los teóricos que acompañaban al difunto presidente Chávez en su arribo al poder, estaban en eso, como lo hicieron, en convertirla en un simple instrumento de la política económica del Estado, y principalmente de sus ingresos de divisas.
Cuando se nacionalizó la industria en 1976 había tres puntos o necesidades estratégicas fundamentales.
1) Aumentar las reservas de crudos livianos que estaban peligrosamente bajas.  
2) modificar el patrón de refinación de las plantas venezolanas ya que el 70% producía combustibles residuales. 
3) independizarse comercialmente de las empresas extranjeras que eran nuestros principales clientes.
Cuando Venezuela obtuvo el control del petróleo en 1976, las transnacionales habían dejado de invertir en exploración y sólo hacían un mantenimiento primario. La producción no llegaba a 1,7 millones de barriles diarios y fue necesario que transcurriera la mitad de una década para superar la producción de 2,3 millones de barriles diarios.

Estaba como asunto focal aumentar la exploración de livianos (que eran y siguen siendo ahora el 20 por ciento de las reservas). Es una regla de oro que los que tengan crudos livianos suficientes pueden competir en el mercado.

Fueron muchos los programas que llevaron a cabo gobiernos adecos y copeyanos para llegar a los descubrimientos de livianos de El Furrial, varias áreas al norte de Monagas, el lago de Maracaibo y el sur fronterizo con Colombia, que fueron compensando la declinación de los livianos, por falta de actividad exploratoria. Ese aspecto está totalmente paralizado en los últimos 15 años, y existen más de 20.000 pozos cerrados, con posibilidades de producir si se toman en cuenta.
Las pasadas administraciones cumplieron la parte más importante del plan de refinación. Cambiaron radicalmente las refinerías de Amuay y Cardón, que después las unificaron y bajaron de 70% a menos de 30% la producción de residuales y en su lugar ampliaron la manufactura nacional de gasolinas, diesel, gasolina de aviación y combustible de calefacción, productos derivados de alto valor comercial. Llegó un momento en que se exportaba 1 millón de barriles diarios de esos productos a un mercado internacional exigente.
Actualmente, no hay una semana que no se registre un percance en alguna de las 4 principales refinerías, y con frecuencia los medios identifican que "están en el suelo".
Lo único que ha hecho la administración chavista es incrementar la nómina de unos 60.000 empleados entre fijos y contratados, a 120.000 empleados y para certificar la existencia de miles de "reposeros" basta ver los que reciben la cobertura de la contratación colectiva, y los que no están amparados. El gobierno compensa sus fallas con su slogan de "al servicio de los intereses del pueblo", un elemento que no puede demostrarse.
Como un caso disperso en refinación, las refinerías de asfalto que estaban en Estados Unidos las vendieron, sin evaluar que se habían instalado para aprovechar el mercado de asfaltos, o de lubricantes nafténicos, para jerarquizar los crudos de menor valor y convertirlos en una ventaja competitiva a precios atractivos, en el mercado de productos.
Lo que se sabe dentro de la restrictiva información disponible, es que el petróleo que va a Estados Unidos (una tercera parte de las exportaciones) se cobra mensualmente y las cifras son públicas. Los negocios con China e India (las otras dos terceras partes) sólo las conoce el gobierno, muchas de ellas cobradas antes del suministro. Como agregado insólito, la factura a Cuba y a la refinería de Cienfuegos en Cuba, que es otra cuenta aparte (superan los 100.000 barriles diarios) y los suministros a PetroCaribe y otras combinaciones raras para los efectos comerciales (200.000 barriles diarios).

Quebrada Corpoelec


Desde su creación en 2007, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), reporta en forma recurrente "flujo de caja insuficiente", "problemas de disponibilidad presupuestaria y de recursos financieros" para hacer frente a los "gastos operativos y de inversión que garanticen la sostenibilidad y expansión de la infraestructura eléctrica" nacional. 


2013 no fue la excepción. En la Memoria y Cuenta del ministerio de Energía Eléctrica se insiste en que los ingresos de la operadora "no cubren" las necesidades operativas y financieras, impidiendo "honrar oportunamente los compromisos adquiridos con terceros". 

Esta circunstancia igualmente limitó a la estatal el "cabal desenvolvimiento y ejecución del plan operativo esperado, lo cual incidió negativamente en los resultados de su gestión". También redujo su capacidad de adquirir insumos, repuestos, partes y componentes de equipos y, de vehículos.

El presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional para el sector en 2013 fue de 9.672 millones de bolívares, pero durante el ejercicio fiscal pasado, esa instancia aprobó créditos adicionales por 370 millones de bolívares para pago de proveedores y mantenimiento del sistema y, 2,5 millardos de bolívares para pago de nómina.

Jesse Chacón, ministro de Energía Eléctrica, señaló a inicios de su gestión, que
"Corpoelec genera ingresos que sólo cubren entre 20% y 30% de sus gastos operativos, lo que significa que con esos recursos no se cubren ni siquiera los cierres de mantenimiento, mucho menos las inversiones en generación, transmisión y distribución".
Trato diferencial

El informe destaca que "la recaudación promedio se incrementó en 31% con respecto a 2012", destacando el aumento de opciones de pago del servicio, así como el cumplimiento en un 95% en la impresión oportuna de las facturas a los usuarios residenciales, industriales, comerciales y de alto consumo.

Señala que en el área de comercialización el número de usuarios registrados se situó en 6.302.190, superando en 5,3%al 2012 cuando se ubicó en 5.986.018. El texto precisa que:
"El total de facturación acumulada estimada al cierre de 2013 fue de 10.281 millones de bolívares, representando un 11% de crecimiento con respecto a 2012, que alcanzó 9.251 millones de bolívares".
Respecto a la gestión de cobranza en el sector público se aplicaron varias acciones, refiere el documento. Se adelantó la
"Ejecución de cobranza por 87 millones de bolívares correspondiente a deudas pendientes de facturación del período 2011-2013; se estableció un proceso de compensación con diversos organismos por 113,9 millones de bolívares correspondientes a deudas del período 2011-2013 y, entre otras acciones, se elevó en 10% la cobranza de las dependencias administrativas de las alcaldías".
Advierte el despacho que la "efectividad de la cobranza alcanzó a 90% en grandes usuarios del sector privado". 

En 2013 Corpoelec instaló 219.283 contadores a escala nacional hasta la primera quincena de diciembre, representando 86,81% de lo planificado.

Menos subsidio

El mayo de 2013, Chacón planteó la necesidad de ajustar el pliego de tarifas eléctricas congelado desde 2002. En esa oportunidad se refirió a un esquema escalonado a través del cual aquellos que más consumieran, más pagarían en función de un dintel que demarcaría el exceso o no de consumo. 

En el tercer trimestre del año se procedió a la homologación de algunas tarifas en el interior del país, por el orden del 13%, según indicó el BCV.

Recientemente el ministro comentó que el Gobierno diseñó un plan de reducción del subsidio a la electricidad sin que esto "signifique un impacto drástico en el poder adquisitivo de los venezolanos".

Trabajos inconclusos de Corpoelec generan apagones en el norte de Caracas


En los últimos meses se han multiplicado las fallas de energía en el municipio Libertador especialmente en la zona norte de la ciudad, teniendo como momento más crítico el pasado 25 de marzo donde el apagón duró 17 horas y afectó a parroquias como Candelaria, El Recreo, San Agustín entre otras. Vecinos denunciaron que estos desperfectos son a causa de falta de mantenimiento y trabajos inconclusos  de Corpoelec que desde agosto tienen a la intemperie las líneas de transmisión eléctrica en San Bernardino.


Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente de Defensa del Norte de Caracas, explicó que la principal razón de los apagones no son saboteos como afirma el ministro de Energía Eléctrica Jesse Chacón, sino la falta de mantenimiento como en el caso de la Avenida Adolfo Ernst de San Bernardino donde hace 8 meses abrieron dos boquetes en la calles y dejaron el cableado eléctrico sin protección.
“Luego de investigar hemos descubierto que estas son líneas de alta tensión que distribuyen electricidad a todo el norte de Caracas, esto puede ser la causa de las múltiples fallas eléctricas que hemos sufrido. Corpoelec debió culminar estos trabajos y ahora sus trabajadores brillan por su ausencia, ineficiencia o nada es la consigna”, aseguró. 
Rojas señaló que en lo que va de año el norte de Caracas ha sufrido 18 apagones que han afectado la vida de los ciudadanos, recordando que el último de gran magnitud tuvo una duración de 17 horas.
“También los bajones y subidas de voltaje son constantes, causando la quema  de aparatos eléctricos como computadores, televisores o neveras. A pesar de las múltiples denuncias y protestas Corpoelec no ha dado respuesta, Deberían indemnizarnos porque las culpa de esto se debe a la negligencia de la empresa estatal”.
El luchador social criticó los anuncios hechos por el ministro Jesse Chacón sobre posibles aumentos en las tarifas de energía eléctrica, significando esto un nuevo golpe a bolsillo de los caraqueños que pagan regularmente por un servicio muy deficiente.
“Como es posible pensar en aumentar el costo de la electricidad cuando podemos decir que los apagones llegaron a  Caracas, es una insulto al pueblo que paga  regularmente por un servicio pésimo. En ningún momento Corpoelec no has realizado una consulta sobre esta decisión”, dijo.
Exhortó a las autoridades del Ministerio de Energía Eléctrica que se comuniquen con los millones de usuarios que sufren las fallas eléctricas, así entender las penurias que sufren al irse la luz por varias horas.
“Los comerciantes pierden su mercancía refrigerada, las madres no pueden cocinar y hasta los hospitales que no tienen planta eléctrica ven peligrar la vida de sus pacientes. Hablan de dialogo pero en este no estamos presentes los ciudadanos”. 
“Si no pagamos nos cortan la luz pero ignoran nuestros reclamos”

Por su parte Tibisay Estacio, vecina de San Bernardino, relató como por más de 8 meses han tenido que sufrir un viacrucis de reclamos no respondidos por Corpoelec sobre esta obra inconclusa, que representa un peligro de apagones de gran escala y personas que han caído en la fosas se pueden electrocutar.

“En semanas pasadas un niño cayó en unos de los huecos y corrió un gran peligro y tocaba los cables expuestos, además se llenan de agua cuando llueve. Señores sean responsable terminen el trabajo que iniciaron el pasado agosto, justifiquen el dinero que pagamos mensualmente”.

Alcaldes de oposición rechazan "juicios inconstitucionales" (Documento)


Gerardo Blyde, alcalde de Baruta, entregó al vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, un documento de la Asociación de Alcaldes por Venezuela en el que condenan los juicios inconstitucionales a los que han sido sometidos Enzo Scaranao y Daniel Ceballos.


En el documento aseguran que en ambos casos se han violado los derechos constitucionales y muchos otros alcaldes están siendo sometidos a procesos judiciales que podrían culminar con decisiones semejantes.

A continuación el texto completo:

Nosotros, los Alcaldes firmantes, nos dirigimos a usted en nuestra condición de representantes legítimos de los Municipios a los que representamos al haber resultado electos por la mayoría de los ciudadanos en cada una de nuestras localidades en diciembre pasado, a los fines de exponer lo siguiente:
La división político territorial que establece la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela establece a los municipios como las unidades políticas primarias, con personalidad jurídica y autonomía, cuyo gobierno corresponde a los alcaldes electos.
La Ley Orgánica del Poder Público Municipal determina en su artículo 87 –último párrafo- las causales taxativas para calificar las faltas absolutas de un alcalde, a saber: la muerte, la renuncia, la incapacidad física o mental permanente, por condena mediante sentencia judicial firme o por revocatoria de su mandato.
Para producir una sentencia condenatoria deben respetarse durante el proceso judicial todos los derechos y garantías constitucionales, en específico, el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho al juez natural y el derecho a la doble instancia.
Dos alcaldes en ejercicio han sido inconstitucionalmente juzgados, detenidos y destituidos violándoseles a ambos todos sus derechos constitucionales. Muchos otros alcaldes estamos siendo sometidos a procesos judiciales que podrían culminar con decisiones del mismo tenor.

CASOS DE LOS ALCALDES VICENZO (ENZO) SCARANO y DANIEL CEBALLOS

Hasta los novedosos y nada garantistas procedimientos judiciales aplicados por la Sala Constitucional a los alcaldes Enzo Scarano (San Diego, Carabobo) y Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira), en los que los declaró incursos en el delito de desacato, ordenó su encarcelamiento y destitución de sus cargos como pena accesoria, había sido criterio invariable de esa misma sala del TSJ el siguiente: "en relación con el desacato, ha señalado este alto tribunal que dado el carácter delictual del mismo, la calificación que de este delito se haga le compete al tribunal penal, en el contexto del debido proceso con la garantía del derecho a la defensa" (Caso Aracelys Urdaneta, 31 de mayo de 2001, validando jurisprudencia reiterada desde el 7 de noviembre de 1995, caso Rafael Rivas Ostos).
Las sentencias contra los alcaldes echaron por tierra 19 años de jurisprudencia pacífica y reiterada de la máxima instancia judicial del país, de los cuales 12 corresponden a decisiones de la misma Sala Constitucional. En ellas, la Sala Constitucional se convirtió por primera vez en juez penal y, mediante juicio sumario, evaluó alegatos, en un mismo acto permitió la promoción, admisión y evacuación de pruebas y produjo decisiones condenatorias sin derecho a ser revisadas en ninguna otra instancia.
Con esta actuación se violentó el principio constitucional de ser juzgado por el juez natural. Sólo un juez penal puede conocer de la comisión de supuestos delitos penales. El desacato es un delito. La Sala Constitucional no tiene competencia en materia penal. 
También se violó el derecho constitucional al debido proceso. Nuestra legislación no admite juicios penales sumarios para la determinación de la comisión de un delito. El proceso penal, que ha debido ser el que conforme a la jurisprudencia reiterada del propio TSJ se debía aplicar, está concebido mediante una serie de etapas preclusivas según las cuales el demandado debe tener derecho a conocer con exactitud de qué se le acusa, cuáles son las pruebas que sustentan tal acusación, derecho a oponerse y a alegar en contrario, derecho a controlar la promoción y admisión de esas pruebas y derecho a producir las pruebas que a bien tenga en su defensa. Las normas que rigen los procesos judiciales son de orden público. Así, ni las partes ni los jueces pueden subvertir su estricto cumplimiento sin menoscabar derechos fundamentales. 
Los alcaldes fueron citados a audiencias orales para defenderse de hechos que no les fueron especificados por la Sala Constitucional (no en acciones penales si no en recursos de protección de derechos colectivos, en los cuales la Sala Constitucional produjo medidas cautelares de amparo de esos derechos colectivos) y, violando la presunción de inocencia constitucional, se les invirtió la carga probatoria (conforme a la cual quien alega un hecho debe probarlo). La presunción asumida por la Sala Constitucional consistió en señalar que ellos había desacatado la medida cautelar de amparo dictadas en su contra.
La Sala Constitucional, en auto que los convocó a dichas audiencias, dio por probados los presuntos desacatos a sus mandamientos de amparo actuando por presuntas informaciones de prensa que en su dicho constituyeron hechos notorios comunicacionales, que no requerían mayor probanza. Con esa presunción los citó para que se "defendieran" de hechos que ya la propia sala daba por probados. No respetó las etapas preclusivas y de orden público referidas al derecho penal y, en esa misma audiencia, produjo fallos condenatorios señalándolos como culpables del delito de desacato, ordenando su encarcelamiento y, como pena accesoria, su destitución.
Esta decisión fue comunicada oralmente al finalizar ambas audiencias y ejecutada de inmediato. Sólo días después la Sala publicó el texto de la decisión referida al alcalde Scarano y, a esta fecha, aún no ha publicado el fallo referido al alcalde Ceballos. En la sentencia publicada señala que cambia su criterio jurisprudencial pacífico y reiterado conforma al cual el desacato ha dejado de ser un delito, lo denomina ahora una falta, y además declara su competencia para declararlo e imponer la pena. 
Entonces cabe señalar que si el desacato ahora es una falta y no un delito, cuya pena la constituye un arresto y no prisión, resulta totalmente desproporcionada la pena accesoria a una falta acordada por los magistrados mediante la cual declararon la destitución de ambos alcaldes de sus cargos de elección popular, en contra de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de los municipios que gobiernan.
En otro orden de ideas, constituye un principio fundamental del derecho la necesaria existencia de la doble instancia para garantizar a quien se sienta inconforme con un fallo por considerar que la materia de fondo debatida no fue decida conforme a derecho o porque considere que el mismo ha violentado derechos fundamentales, pueda obtener la revisión de esa decisión por otro juez que restablezca sus derechos vulnerados. Al convertirse la Sala Constitucional en juez penal y decidir como tal el delito de desacato, su decisión no puede ser revisada por ningún otro juez del país, pues sus decisiones no son apelables o revisables en ninguna otra instancia. Señala la sala en la sentencia del alcalde Scarano que, en efecto, el principio de la doble instancia no se aplica por vía de excepción en este caso, por cuanto sus decisiones no tienen apelación.
La Convención Americana de Derechos Humanos, que conforme a nuestra Constitución es ley de la República, establece que toda restricción al ejercicio de los derechos políticos debe estar basada en una condena, por juez competente, en proceso penal (Art.23.1). La Sala Constitucional suprimió a ambos alcaldes el ejercicio de sus derechos políticos al destituirlos de sus cargos como pena accesoria a la condenatoria de una falta (de desacato), sin ser juez penal ni tener competencia para ello como lo exige la prenombrada Convención.
Si conforme a la Constitución Nacional corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el control de la constitucionalidad de las actuaciones de los tribunales de la República y el garantizar derechos humanos fundamentales, ¿qué puede hacer un ciudadano cuando las violaciones constitucionales provienen de ella misma? Los derechos políticos son parte de los derechos humanos, y la Sala Constitucional no sólo no los garantiza, sino que es ella la que ha producido la violación.

De ahora en más, cada vez que se quiera producir la detención de cualquier ciudadano y su condena, podrá usarse esta vía expresa sin necesidad de acudir a la jurisdicción penal.

ACOSO JUDICIAL A ALCALDES

Otros 21 alcaldes estamos en este momento sometidos a procesos judiciales no sólo ante la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, si no ante diferentes jueces de instancia, tratando de implicarnos en hechos que no hemos cometido y que, por el contrario, dentro del límite de nuestras competencias legales y constitucionales, hemos tratado de evitar. Adjuntamos a esta comunicación la lista de alcaldes sometidos a procesos judiciales de diferente índole.
Condenamos la utilización abierta del poder judicial venezolano para la persecución política de alcaldes recientemente electos por el pueblo venezolano en cada uno de sus municipios. Solicitamos que esta insana práctica cese de inmediato y se nos permita gobernar con libertad y sin presiones para el cumplimiento de nuestras funciones. Resultaría mucho más beneficioso para lograr la paz del país la necesaria colaboración entre los diferentes poderes públicos -nacional, estatal y municipal- y no la persecución judicial de alcaldes en ejercicio.
Exigimos que este acoso judicial en contra de los alcaldes termine de inmediato y también exigimos la rectificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia en los inconstitucionales juicios expresos a los que fueron sometidos los alcaldes Vicenzo Scarano y Daniel Ceballos, con las gravísimas consecuencias de haberlos privado de su libertad y destituido de sus cargos en violación de sus derechos políticos y los derechos políticos de los electores de los municipios San Diego (Estado Carabobo) y San Cristóbal (Estado Táchira).

Es justicia en Caracas, fecha ut supra.

Amazonas:
Autana - José Tomas Correa
Anzoátegui:
Diego Bautista Urbaneja - Gustavo Marcano
Aragua:
Mario Briceño Iragorri - Delson Guarate
Barinas:
Barinas - José Luis Machin
Antonio José de Sucre - Ronald Aguilar
Carabobo:
Valencia - Miguel Cocchiola
Montalbán - Tulio Salvatierra
Naguanagua - Alejandro Feo La Cruz
Guárico:
Leonardo Infante - Pedro Elías Loreto
Lara:
Iribarren - Alfredo Ramos
Mérida:
Zea - Carlos Julio Rondón
Campo Elías - Omar Lares
Padre Noguera - Alidio Pérez
Libertador - Carlos GarcíaPueblo Llano - Fredis RondónRivas Dávila - Julio César Rosales
Miranda:
Baruta - Gerardo Blyde
Sucre – Carlos Ocariz
Chacao - Ramón Muchacho
Los Salias - José Fernández
Carrizal - José Luis Rodríguez
Monagas:
Maturín - Warner Jiménez
Nueva Esparta:
Maneiro - Darvelis Lares
Nariño - Alfredo Díaz
Sucre:
Bolívar - Luis Daniel Cabeza
Táchira:
Francisco de Miranda - Yordi Sánchez
Independencia - Jorge Galiano
Cárdenas - Ricardo José Hernández
Córdova – Virginia Vivas
Junín - Yobel Sandoval
Michelena - Fernando Andrade
Panamericano - Mery Carmona de Villamizar
Samuel Maldonado - Francisco Márquez
Jáuregui - Alirio Guerrero
Andrés bello - José Contreras
Bolívar - Simón Vargas
Guásimos - William Galavis
Torbes - Eduardo Maldonado
Trujillo:
Rafael Rangel - Luis Alejandro Rojas
Zulia:
Maracaibo - Eveling Trejo
Francisco Javier Pulgar - Freddy Gómez
C/C a: Jorge Arreaza (Vice-presidente Ejecutivo)
Embajadores de Unasur testigos del encuentro entre la MUD y el Gobierno.
Nuncio Apostólico representante del Vaticano en Venezuela.

Los que acorralaron al gobierno no participarán en el diálogo


Inició el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición. Se sentaron a hablar, en vivo y en cadena nacional de radio y televisión, figuras como el presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Arreaza y Elías Jaua, con Henrique Capriles, Ramón Guillermo Aveledo, Henry Ramos Allup y Roberto Enríquez, entre otros.

Pero los líderes políticos, dirigentes estudiantiles y defensores de derechos humanos que llevaron al gobierno a sentarse en una mesa con la oposición no forman parte de las reuniones. Se trata de los protagonistas de las protestas y de las ONG que denunciaron los abusos y excesos cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado: Leopoldo López, de Voluntad Popular (preso); Antonio Ledezma, de Alianza Bravo Pueblo; María Corina Machado; Gaby Arellano y Juan Requesens, del movimiento estudiantil; y Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano o Marino Alvarado de Provea.
Los dirigentes que impulsaron la iniciativa “La Salida” insisten en que no hay motivos para participar. “Queremos un diálogo sincero, que tenga una agenda específica, pero, ¿cómo vamos a sentarnos a dialogar cuando tienen secuestrados a los alcaldes de San Cristóbal (Daniel Ceballos) y San Diego (Enzo Scarano)? ¿Cómo se dialoga cuando Leopoldo López está secuestrado en la cárcel de Ramo Verde? No hay ninguna muestra de diálogo cuando se les  arrebata la inmunidad a los parlamentarios. Ojalá la MUD no quede enmudecida después de este encuentro”, expresó el alcalde metropolitano Antonio Ledezma.
Dijo que respeta a quienes en la MUD decidieron formar parte de un diálogo que, asegura, no trascenderá de unas fotos y unos discursos políticos.

El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, aseguró que, a pesar del trabajo por denunciar las violaciones a los derechos humanos de esa organización, nunca fueron invitados al diálogo, “que es entre algunos partidos y el presidente”.

Opina que el diálogo es esencial para solucionar la crisis y no se niega a participar en las reuniones, pero aclara que deben incluir a las partes que están en conflicto.
“Es esencial que se involucre a los factores que requieren un cambio, como es el movimiento estudiantil, y que se escuchen sus exigencias. El respeto comienza por la liberación de presos políticos, que no existan procesos judiciales contra estudiantes y que se reconozcan las violaciones a los derechos humanos”, expresó.
Estudiantes

La Junta Patriótica Estudiantil y Popular (que incluye a Requesens y a Arellano) rechazó que un sector de la oposición considere que hay condiciones para el diálogo mientras se asesinan y detienen estudiantes que protestan, se allanan hogares, se ataca a periodistas mientras trabajan.
“Son traidores quienes aceptan privilegios para guardar silencio ante las agresiones a la juventud, como las de hace algunos días en la UCV. Son traidores quienes no reconocen que este régimen ha quebrado al país, ha violado su soberanía permitiendo a extranjeros meterse en nuestros asuntos”, agrega la JPEP.
El presidente de la FCU de la UCV, Juan Requesens, dijo que respeta la decisión de la MUD de dialogar con el gobierno,  pero asegura que los estudiantes, que son autónomos, mantendrán su protesta en las calles.

El dirigente estudiantil Daniel Álvarez confirmó que están dispuestos a dialogar si se observan muestras genuinas del gobierno de querer rectificar.
“Deben liberarse a los estudiantes y presos políticos. Si los estudiantes no nos sentamos en la mesa, no está representada toda la sociedad”, agregó.
MUD no es el vocero

En el proceso de diálogo no participaron todos los partidos de la MUD. Además de los que decidieron no asistir, como Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo, Proyecto Venezuela y La Causa R, las organizaciones con menos votantes, como Bandera Roja, Democracia Renovadora, Moviendo Laboral y Vanguardia Popular, entre otras, no fueron convocadas.
Rafael Venegas, de Vanguardia Popular, dijo que, aunque no fueron consultados por la MUD, el diálogo es el camino idóneo para resolver la crisis del país, porque las protestas no tienen la fuerza para cambiar al gobierno. Sin embargo, considera esencial que incorpore a estudiantes, ONG, y trabajadores.
“La MUD no es el vocero del movimiento de protesta que está en la calle. Es el movimiento estudiantil, que tiene que ser convocado. Sin embargo, celebramos el encuentro y apostamos a su éxito. El país debe confiar en los que asisten”.
Lo Dijeron

Antonio Ledezma
Alcalde metropolitano
El alcalde apoyó desde un principio la iniciativa “La Salida” y ha participado en sus actividades de calle: “Nuestra lucha es con valores. Maduro, estamos dispuestos a dialogar si dejas de lado el Plan de la Patria, garantizas la autonomía de los poderes públicos y abres las puertas de Ramo Verde”
Alfredo Romero
Director del Foro Penal Venezolano
La organización que representa ha defendido a cerca de 80% de los detenidos en las protestas y ha denunciado las violaciones a los derechos humanos. “Debe acabarse la represión, detenciones y retenciones, los excesos en el uso de la fuerza y deben desarmarse los grupos paramilitares”. 
Gaby Arellano
Dirigente estudiantil
La dirigente estudiantil ha acompañado la iniciativa “La Salida” desde el comienzo y ha liderado sus movilizaciones desde el 12 de febrero, cuando marcharon hasta el Ministerio Público. Aseguró que creerá en el proceso de diálogo si está presente como mediador un representante del Vaticano. 
María Corina Machado
Diputada destituida
Junto con Leopoldo López impulsó las acciones de calle de la iniciativa “La Salida”. Dijo que no acepta dialogar para estabilizar la dictadura y que no puede haber diálogo con estudiantes presos y con Leopoldo López también tras las rejas. Pidió a la Unasur observar las protestas pacíficas.

Canasta alimentaria casi llega a los 10 mil bolívares en marzo


El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FMV) informó que la canasta alimentaria familiar se ubicó en el mes de marzo en 9.986,67 bolívares.


La canasta alimentaria aumentó 11,7 % con relación a la del mes de febrero de este año y 101,7 % desde marzo del año pasado.
Según Cendas, todos los precios de los alimentos fueron incrementados: café (64,7 %); leche, quesos y huevos, (25,6 %); frutas y hortalizas (15,5 %); azúcar y sal (8,9 %); carnes y sus preparados (8,0 %); grasas y aceites (6,0 %); pescados y mariscos (5,6 %); raíces, tubérculos y otros (3,5 %); salsa y mayonesa (3,3 %); cereales y productos derivados (1,7 %) y granos (0,3 %).
En el informe, detallan que 18 productos de la canasta alimentaria presentaron escasez en el mes de marzo y son los siguientes: leche en polvo, sardinas enlatadas a precio regulado, pollo regulado, carne de res a precio regulado, margarina, azúcar, aceite de maíz, queso blanco duro, queso amarillo, arroz, harina de trigo, pastas alimenticias a precio regulado, harina de maíz, mayonesa, lentejas, arvejas, café y pan.

Comerciantes afirman que Ley de Precios es una barricada contra el emprendimiento


Ante la inminente aplicación de la Ley de Precios Justos los pequeños comerciantes se preparan reuniéndose, generando debate y organizando charlas de concientización acerca del nuevo reglamento, al que en su opinión no fue consultado con los afectados. Afirmaron que el 40% del articulado se refiere a penalidades que pasan por grandes multas, expropiación y cárcel, asimismo más que solventar el problema de escasez de productos los agudizará.  


Isaac Casado, comerciante independiente de Caracas, señaló que se encuentran activados realizando asambleas con propietarios de locales comerciales, y emprendedores explicando al detalle el contenido de la ley, buscando crear un debate amplió que haga entender al gobierno la consecuencias negativas en los sectores productivos del país.
“Existe un desconocimiento sobre la Ley de Precios, afectando esto más a los pequeños que a los grandes dueños de negocios. Estamos realizando asambleas, volanteos y conversaciones con nuestro gremio así unirnos para lo que se viene”, dijo.
Aseguró que esta nueva legislación es totalmente punitiva teniendo más de 30 artículos que están abocados a las sanciones al emprendedor,  llegando inclusive a considerar al comerciante como un criminal.
 
“Las sanciones en lo monetario van desde los 25 mil bsf hasta los 6 millones, además el  fiscal tiene la potestad de aplicar declaratorio de utilidad publica sobre el negocio e incluso puede llevarnos a la cárcel con penas de 14 años si infringimos algún artículo. Queremos trabajar por Venezuela no somos criminales”.
Explicó que la Ley de Precios generará más matraca, no solventará los graves problemas de escasez de productos que afectan la economía, y si las sanciones se comienzan a ejecutar multiplicarán las cifras de desempleo.
“Incluso en el artículo 42 habla que el comerciante puede aceptar la culpa y negociar con el fiscal la disminución de la sanción, esto le da poder absoluto al funcionario del Sundee para posible extorsiones ya comunes con el Indepabis, además es importante recordar que los controles de precios al extremo ha traído grave escasez como la que estamos viviendo y por ultimo con la multas exorbitantes y las expropiaciones que pueden aplicarse según la ley los empleos de miles de persones están en riesgo”, afirmó. 
Exhortó en nombre los pequeños y medianos comerciantes que sean incluidos en ese dialogo que han emprendido con los grandes empresarios, y en segundo lugar que el Gobierno entienda que la patria se hace con trabajo y los sectores productivos muy golpeados en muchas ocasiones generan empleo.
“Vamos a darle  oportunidad a los que queremos trabajar, construir y generar ingresos a la nación vía los impuestos, resaltando que es empresario desde el señor del mototaxi que registra su negocio hasta el gran productor alimentos o banquero”. 

Datos, 77% de la población dice que compra la mitad de los alimentos


La inseguridad, el alto costo de la vida y el desabastecimiento son los principales problemas que afectan a la población, de acuerdo con los resultados de la última medición de la encuestadora Datos, realizada entre el 6 y el 16 de febrero.


De acuerdo con el estudio Perspectivas del Consumidor y Opinión Pública, 32% de los venezolanos mencionó la inseguridad como su principal problema; mientras que 23% se refirió al alto costo de la vida y al desabastecimiento.
En cuanto a la capacidad de compra, 77% de la población considera que puede comprar menos de la mitad de lo que necesita. Luis Maturén, gerente general de Datos, explicó en el foro Perspectivas 2014 de Venamcham que los consumidores sienten que hay una falta de poder adquisitivo, y que el dinero no alcanza para comprar todo lo que se necesita.
En el primer trimestre de este año, los venezolanos debían recorrer en promedio 4,1 locales para realizar una compra, que no necesariamente es la compra mensual, mientras que en mayo de 2013 recorrían 3,5 establecimientos con el mismo fin.
Maturén expresó que la motivación de la población para hacer cola es el desabastecimiento. En ese sentido, indicó que, en el primer trimestre de 2014, 91% de los venezolanos percibe que hay desabastecimiento, y que se ha venido incrementado.
Desde el punto de vista del consumidor el desabastecimiento de harina precocida de maíz es de 87%, mientras que en leche alcanza a 81%.
En cuanto a la situación del país, 68% considera que no está bien y tiende a empeorar. En comparación con hace un año, 81% dijo que estaba peor, igual de mal o de regular. La percepción de 66% de la población es que para dentro de seis meses la situación empeorará.
Al consultar la disposición que tienen de invertir en bienes duraderos, 61% cree que no es buen momento.
Ante la pregunta de quién es el responsable del alto costo de la vida, la crisis económica y la inflación, 48% de la población señaló al Gobierno de Nicolás Maduro; 11% cree que es "uno mismo" o la gente; 8% responsabiliza a la empresa privada y 4% lo atribuye a gobiernos anteriores.
Al ser consultados sobre cuán responsable es el Presidente Maduro de los problemas del país, 56% de la población lo señala como principal responsable, la cifra más desde que Datos realiza esta medición.

Maturén señaló que cuando se hacía la misma pregunta sobre Hugo Chávez, 42% de los venezolanos lo señalaban como responsable de los problemas del país.
"Todo este entorno conlleva a las protestas. Cuando se pregunta a la gente si cree que hay razones para protestar, 70% de la población en febrero dijo que hay razón. 7 de cada diez personas, antes del 12 de febrero, expresaron que hay razones para protestar: inseguridad y alto costo de la vida", señaló.
Asimismo, la encuesta reveló que 87% de los venezolanos quieren que el Gobierno y los alcaldes y gobernadores de oposición se sienten a conversar, que haya diálogo para resolver los problemas que afectan a la población.

Congresistas denuncian a Maduro ante Corte Penal Internacional

Congresista Cecilia Chacón con los diputados Adrián Oliva (Bolivia) y Cornelia Schmidt (Argentina)
a la salida de la Corte Penal de La Haya
La Asociación Parlamentaria Democrática de América presentó una denuncia ante la Corte Penal de La Haya con el objetivo que se investiguen de oficio "las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos" ocurridas en Venezuela.
El documento está suscrito por 198 parlamentarios de ocho países de América Latina: Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Argentina, Brasil y Colombia. Para presentar esta denuncia, viajaron a Holanda la congresista fujimorista Cecilia Chacón (Perú), el diputado boliviano Adrián Oliva y la diputada argentina Cornelia Schmidt.
En el documento presentado se pide que se investigue al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, al presidente del Congreso de ese país, Diosdado Cabello, y otros funcionarios del gobierno venezolano por crímenes de lesa humanidad.
La solicitud presentada se ampara en los dispone el inciso 1 del artículo 15 del Estatuto de Roma.
Este dispone que el fiscal de la corte “podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la corte”-
La denuncia fue acompañada por un informe del Observatorio Iberoamericano de la Democracia sobre la difícil situación que se vive en Venezuela.

En él se menciona que, a propósito de las protestas iniciadas a propósito del Día de la Juventud (12 de febrero del 2014), han muerto ya 30 personas por  heridas de bala o perdigones, 461 han sido heridos y 817 detenidos han sido sujetos a medidas judiciales "arbitrarias e ilegítimas".